La fiscal federal Paloma Ochoa impulsa una investigación para determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei usaron recursos del Estado para facilitar el ingreso, la permanencia y la posterior salida hacia Estados Unidos de Bolsonaro a través de Argentina desde el norteño Puerto Iguazú.

Medios periodísticos difundieron que el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo a cargo de la operación de escape del político ultraderechista brasileño, amigo del mandatario Milei, para salvarlo de un muy probable juicio penal por cinco causas de corrupción.

Incluso, han divulgado que Caputo, quien supervisa el trabajo de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), empleó fondos reservados de esta agencia gubernamental para costear el avión privado que transportó a Bolsonaro y su familia hasta Miami.

El diario Clarín informó en su momento que Caputo coordinó toda la fuga, e incluso lo acompañó en la pista del aeropuerto de Puerto Iguazú, y contó con el apoyo de agentes operativos de la SIDE, la Dirección Nacional de Migración, la autoridad aeroportuaria y la policía local.

Según mostró el canal de noticias C5N, Bolsonaro y su familiar viajaron de Brasil a este país en una combi con patente diplomática argentina.

La principal sospecha apunta al posible uso irregular de vehículos oficiales, personal, viáticos y otros bienes públicos para asistir al dirigente brasileño. La investigación busca establecer si existió una colaboración desde el Estado argentino y, en ese caso, quiénes intervinieron, qué recursos se utilizaron y bajo qué autorización.

El diario Ámbito Financiero señala que el eje no está solamente en cómo Flavio Bolsonaro logró salir del país, sino también en si para hacerlo se pusieron a disposición recursos que pertenecen al Estado y se financian con fondos públicos.

La causa se inició a partir de denuncias presentadas por el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón y quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la fiscal Ochoa.

La fiscal Ochoa busca determinar si hubo una utilización de la estructura estatal para facilitar la huida del brasileño, en una maniobra que podría exceder una eventual irregularidad migratoria.

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