El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), por ejemplo, expresó su preocupación y rechazo frente a la decisión del Gobierno de nominar a Luis Alfonso Plazas como embajador de Colombia en Perú.

De acuerdo con la organización, ese nombramiento es políticamente cuestionable por sus implicaciones para la memoria de las víctimas del Palacio de Justicia y para el compromiso del Estado colombiano con la verdad, la justicia y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.

Plazas, entonces comandante de la Escuela de Caballería, tuvo un papel de mando durante la retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, hechos en los que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas que marcaron la vida de numerosas familias, recordó Movice.

Su trayectoria pública, insistió, está vinculada a uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país, cuya memoria sigue exigiendo responsabilidad institucional, esclarecimiento y garantías de no repetición.

En 2015, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Plazas en el proceso penal por las desapariciones forzadas de Carlos Rodríguez e Irma Franco. Asimismo, en septiembre de 2026, un jurado civil federal en Florida, Estados Unidos, determinó que no era responsable en la demanda relacionada con la tortura y muerte del magistrado auxiliar Carlos Urán.

Acotó no obstante la asociación que estas decisiones no impiden cuestionar políticamente la idoneidad y las implicaciones de su postulación a un cargo de representación diplomática del Estado colombiano.

Movice reveló asimismo su preocupación ante la postura del presidente Abelardo de la Espriella, quien calificó a Plazas como un “héroe de la patria”.

Hoy hace cuatro décadas, 35 integrantes del Movimiento 19 de Abril, grupo guerrillero más conocido como M-19, asaltaron la sede de la principal rama judicial del país enclavada en la céntrica Plaza de Bolívar de esta capital.

En respuesta, la fuerza pública asumió la acción ofensiva con ocho unidades blindadas y tres helicópteros.

Como resultado hubo una sangrienta y prolongada batalla que causó numerosas bajas en ambos bandos y también perjudicó a civiles hallados luego muertos dentro de la instalación.

El Ejército bombardeó por 28 horas hasta que la retoma del edificio fue un hecho. Las investigaciones indican que un centenar de cuerpos fueron llevados a la morgue del Instituto de Medicina Legal, en tanto se estiman en una decena los desaparecidos.

nmr/ifs