La iniciativa, promovida por la bancada del Centro Democrático, que se declaró como partido de Gobierno, ya superó un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con 21 votos a favor y cuatro en contra.

Congresistas del Pacto Histórico alegan que parte del texto del proyecto ya está contenido en otras normas en lo referido al delito de vandalismo, pero lo que deploran con mayor firmeza es que, según remarcan, busca criminalizar la protesta.

El representante a la Cámara Daniel Monroy, estimó, por ejemplo, que una capucha no convierte en delincuente al que expresa su inconformidad.

“Cubrirnos el rostro también es proteger nuestra identidad y evitar represalias. El Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoce esas razones. Una capucha no prueba intención violenta: dejen de convertir una prenda en una excusa para perseguir la protesta”, planteó.

Concluyó que el proyecto anticapuchas se suma a una ofensiva para estigmatizar y criminalizar la movilización social.

El también representante Gabriel Becerra consideró por su parte que la iniciativa puede salirle “caro a la democracia colombiana”.

Expuso que para dar cabida a un nuevo tipo penal, el Congreso debe demostrar su pertinencia y que en el caso de este proyecto se aprobaron disposiciones sobre conductas ya tipificadas en el Código Penal.

“¿Para qué crear más delitos si esas conductas ya se pueden sancionar? Lo que hay detrás de esa insistencia es simple desprecio por la protesta social y un intento de estigmatizar a quienes se movilizan. ¡Exijo que se respete el derecho a protestar!”, demandó.

La propuesta debe ser debatida ahora en la plenaria de la Cámara de Representantes y posteriormente en la Comisión Primera del Senado y también en su plenaria.

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