Mediante una carta pública, las organizaciones subrayaron la urgencia de sostener el marco legal vigente para frenar presiones alcistas en los bienes de consumo básico, entre otras medidas que se podrían implementar.

Remarcaron que el diésel representa un insumo clave para la cadena logística y no únicamente para el traslado vehicular.

Cualquier encarecimiento en este combustible presiona de forma directa sobre las tarifas del flete comercial, el boleto extraurbano y los costos de las pequeñas y medianas empresas, aseveraron en el texto.

El sector advirtió además que el vencimiento de la norma coincidirá con el inicio del ciclo lectivo escolar.

En ese momento del año, los hogares deben costear uniformes, matrículas y útiles escolares, por lo que una subida en el costo de vida generaría dificultades financieras severas para las familias trabajadoras, enfatizaron.

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, la de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas, la Coordinadora Nacional de Transportes y la Cámara Interamericana de Transportes firmaron el documento.

Recordaron que la suspensión del Impuesto al Valor Agregado y del de la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados rige mediante el Decreto 22-2026.

El Congreso de Guatemala aprobó la medida a fines de septiembre pasado tras jornadas de reclamos y bloqueos de rutas principales impulsados por transportistas ante la escalada en los precios de los derivados del crudo.

Estableció un beneficio directo que redujo los valores de la gasolina superior, regular, diésel y el gas oil en las estaciones de servicio durante el último trimestre del año.

Este territorio centroamericano, en su condición de importador neto de hidrocarburos, se encuentra expuesto a la alta volatilidad de los valores internacionales del petróleo.

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