Mientras existen alertas de que el Gobierno impulsa una contrarreforma agraria, y con ello el eventual regreso a manos de narcotraficantes de tierras entregadas a campesinos, sobre el ingreso de tropas de Estados Unidos sin la anuencia del Congreso, de un opaco convenio para comercializar tierras raras y una reforma fiscal que apretará el cinturón a las clases media y baja, los medios hegemónicos ponen toda su atención en la vida sexual de Petro.

El presunto escándalo, hasta ahora con más alharaca mediática que pruebas contundentes, versa en torno a la supuesta entrega a mujeres de contratos públicos a cambio de relaciones afectivas por parte del exmandatario, quien hoy es el mayor líder del progresismo en el país. La gran protagonista de lo que hasta la fecha parece más una novela que una denuncia es Deicy Jiménez, una excontratista estatal colombiana de 26 años que para probar su relación con el exgobernante divulgó un video íntimo de ambos de menos de un minuto.

Aparte de las imágenes, que la Fiscalía General pidió que le fueran entregadas, la otra supuesta prueba incriminatoria es un fragmento de un chat con la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez, en el que al parecer el exgobernante le indica mantener un contrato con Jiménez, sin que se conozcan mayores detalles.

Petro, en su defensa, afirmó que nunca usó un contrato del Estado para obtener favores de nadie y que las mujeres que trabajaron con él lo hicieron por su capacidad y su esfuerzo.

“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”, aseguró en su cuenta de X.

Consideró que todo el asunto es una cortina de humo.

“Mientras las redes se ocupan de la supuesta vida íntima de las personas, el gobierno firmó la ley que rebaja las penas a los narcotraficantes (Ley de Sometimiento). Beneficios para quienes llenaron de sangre a Colombia, más impuestos para los pobres y los trabajadores asalariados, y más privilegios para los más ricos”, expuso.

Por otra parte, el abogado del expresidente, Alejandro Carranza, presentó una denuncia donde señala presuntos hostigamientos contra servidoras públicas, a las que investigan por su relación con Petro.

Una de las funcionarias denunció que fue citada bajo engaño por una persona que se hacía pasar por secretaria privada del actual director del Dapre, Carlos Ríos, y posteriormente interrogada sin presencia de abogado y requisada desnuda en un baño de la Casa de Nariño.

El aumento del ruido ya llevó a algunas figuras prominentes del partido Pacto Histórico, cuyo líder es Petro, a dar sus propios criterios.

El líder de la oposición en el Senado, Iván Cepeda, destacó que el expresidente está dispuesto a comparecer ante la justicia y abogó a favor del respeto a las garantías al debido proceso y el derecho a la defensa.

La bancada de mujeres en el Congreso Histórico del Pacto Histórico emitió por su parte un pronunciamiento, en el cual plantean que toda denuncia merece ser escuchada con respeto, en tanto pidió la debida observancia por la presunción de inocencia.

En el caso de Petro todavía no hay imputación, juicio o condena, pero es evidente que sirve bien a un gobierno cuyo presidente aseguró en campaña que “destriparía” a la izquierda, una fuerza que actualmente exhibe músculo.

El exministro de Educación Daniel Rojas advirtió que, ante lo que aún son señalamientos sin sustento probatorio, ya poco se habla de los recortes del gasto en salud, educación, agua potable y de la vulneración de los derechos sociales contenidos en el plan económico de la actual administración.

“En medio del peor golpe que se le ha dado al pueblo, los dueños de los grandes medios avanzan en el asesinato moral del único hombre que ha desafiado al bloque de poder”, sentenció.

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