Según el vocero del gobierno, Gonzalo Arenas, el cambio de criterio obedece a que ahora el Ejecutivo respalda un proyecto presentado en el Senado que elimina por completo la reducción de penas.
La liberación de responsables de violaciones y otras agresiones contra niñas, niños y adolescentes provocó aquí un amplio repudio tanto en las calles como en el Congreso, donde la oposición anunció una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
El escándalo subió de tono al conocerse que también fueron beneficiados tres sancionados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1990) y 115 extranjeros sentenciados por narcotráfico.
Este lunes el portavoz del gobierno debió salir al paso a nuevas críticas por el beneficio carcelario a un hombre de 40 años de la región de Valparaíso, sentenciado por el asesinato de un adulto mayor.
El hecho es que el decreto fue firmado recién el pasado jueves por el ministro Rabat y la nueva subsecretaria de esa cartera, Josefina Soto, cuando la crisis estaba en su máximo apogeo y ya había provocado la salida del segundo a bordo de esa cartera, Luis Silva.
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