La decisión fue tomada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que inaplicó las citadas leyes aprobadas por una mayoría congresal que incluía al actual partido gobernante, Fuerza Popular, por el procedimiento de control de convencionalidad.

La medida se fundamenta en que las llamadas leyes de impunidad contradicen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, dictaminada por la justicia supranacional, cuyas normas, según la constitución, no puede se contrariadas por la legislación interna.

Según el tribunal, la justicia debe castigar a los autores de la matanza de la zona andina de Cayara, perpetrada por militar, durante el llamado conflicto interno (1980-2000) por ser violaciones graves a los derechos humanos, lo cual los hace imrescriptibles e inadmisibles.

Por lo tanto, el máximo tribunal del Poder Judicial concluyó que dicha sentencia no ostenta naturaleza vinculante ni invalida el deber judicial de ejercer el control difuso de convencionalidad sobre normas internas contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos.

El fallo ratifica la condena de 15 años de cárcel contra los oficiales Marco Llontop Jesús y Luis Castañeda Marín, como autores del delito de homicidio calificado, por ser jefes operativos de las tropas que cometieron la matanza.

La corte ratificó las condenas de ocho años de cárcel dictadas para 16 soldados integrantes de las patrullas Grass y Huayacán y resposables de las incursiones en el pueblo de Cayara y en las masacres de los parajes de Erusco y Mayopampa.

Además, los jueces anularon la absolución al ex general José Valdivia Dueñas, ex jefe político-militar de la zona de las muertes, y al exoficial de Inteligencia Enrique Majluf, porque sus juzgadores no valoraron las pruebas y testimonios contra los acusados.

Sala Penal dispuso enviar el expediente judicial a un tribunal de la Corte Superior (regional) con la orden de que juzguen a los ex oficiales y determinar la responsabilidad legal de la cadena de mando.

Los hechos se remontan al 13 de mayo de 1988, cuando un grupo de alzados de la organización Sendero Luminoso emboscaron a un convoy militar y los uniformados, desde el día siguiente incursionaron en las comunidades campesinas de Cayara, Erusco y Mayopampa y torturaron, asesinaron y desaparecieron a 40 campesinos.

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