Aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido nuevas sentencias que responsabilizan civilmente al Estado panameño por el caso que provocó centenares de muertes y afectaciones a miles de personas, los afectados consideran insuficientes las indemnizaciones y cuestionan la lentitud de los procesos judiciales, que mantienen cientos de demandas pendientes de resolución.

José Sarmiento, vicepresidente de la Comisión de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, quien perdió a su padrastro y a su suegra como consecuencia de la intoxicación, explicó que a finales de octubre se publicaron 12 nuevos fallos, con lo cual suman 75 las demandas resueltas, mientras otras 472 permanecen en trámite ante el máximo tribunal.

El dirigente señaló que incluso las decisiones favorables representan una reparación limitada, pues muchos demandantes han fallecido durante la prolongada batalla judicial y las compensaciones deben compartirse con sus representantes legales.

En ese sentido, cuestionó que las indemnizaciones establecidas en 25 mil dólares por víctima contemplen el pago de un 35 por ciento a los abogados, lo que reduce considerablemente el monto que finalmente reciben los afectados.

Sarmiento también denunció dificultades para certificar a todas las personas perjudicadas, requisito indispensable para acceder a los beneficios y a una pensión vitalicia, y aseguró que comunidades indígenas registraron numerosas víctimas que todavía esperan reconocimiento.

Según su testimonio, en algunos casos se habría condicionado el aumento de subsidios sociales a la renuncia a las reclamaciones judiciales, situación que, de confirmarse, profundizaría la desprotección de familias vulnerables.

La controversia se produce después de que la CSJ estableciera, en abril pasado, las primeras sentencias de fondo sobre la responsabilidad civil extracontractual del Estado por la distribución del medicamento contaminado, con indemnizaciones de 25 mil dólares para tres víctimas.

La magistrada María Cristina Chen, ponente de esos fallos y actual presidenta del Supremo, explicó que el tribunal reconoció el daño moral derivado de la ingesta de un producto defectuoso elaborado en el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS).

Las decisiones incluyen, además de las compensaciones económicas, medidas de reparación simbólica, entre ellas la construcción de un monumento y placas conmemorativas con los nombres de las víctimas, así como la habilitación de un espacio informativo en el portal digital de la CSS para consultar el estado de las demandas.

Como parte de esas disposiciones, la institución también debe ofrecer disculpas públicas a los afectados y sus familiares.

En cumplimiento de esa obligación, el director de la CSS, Dino Mon, difundió un mensaje en el que pidió perdón por las vidas perdidas, el deterioro de la salud y el sufrimiento causado a numerosos hogares panameños, y reconoció la responsabilidad institucional de afrontar las consecuencias de la tragedia.

Sin embargo, Sarmiento consideró insuficientes esas declaraciones y reclamó una respuesta más efectiva de las autoridades, tanto en la atención médica como en el reconocimiento de quienes todavía no figuran oficialmente entre los perjudicados.

Las cifras sobre el alcance de la intoxicación varían según los registros: se estima que unas mil 500 personas resultaron afectadas, mientras alrededor de 800 fallecimientos han sido reconocidos oficialmente.

El escándalo salió a la luz en agosto de 2006, cuando médicos comenzaron a detectar pacientes con síntomas de lo que inicialmente se identificó como síndrome de insuficiencia renal.

Las investigaciones determinaron que un jarabe distribuido por la CSS contenía dietilenglicol, compuesto tóxico utilizado, entre otros fines industriales, en líquidos refrigerantes para vehículos.

El caso puso al descubierto graves fallas en los controles de adquisición, elaboración y distribución de medicamentos, así como en los mecanismos institucionales encargados de garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos.

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