Tras participar en una reunión del ejecutivo con sindicatos y la patronal, Binet convocó a trabajadores, jubilados y jóvenes a paralizar actividades y extender la protesta por todo el país.

También confirmó su respaldo a la movilización estudiantil de este sábado y a las siguientes jornadas, al considerar escandaloso el trato que recibe la juventud y exigió respuestas a sus reivindicaciones.

La dirigente calificó de insuficientes las medidas salariales del Gobierno y denunció que el aumento del salario mínimo (Smic) será de apenas 23 euros desde el 1 de diciembre, frente a los 18 euros que corresponderían por la revalorización automática prevista para enero.

Ello indica que habrá un incremento adicional de solo cinco euros, equivalente, ironizó, al precio de un kilo de tomates.

La dirigente de CGT rechazó lo que considera una limosna frente a la magnitud del malestar social y exigió aumentos salariales que reconozcan el trabajo y permitan recuperar el poder adquisitivo.

Binet denunció que 122 de las 260 ramas profesionales mantienen mínimos salariales por debajo del Smic, una situación ilegal que afecta a numerosos trabajadores.

También señaló que 850 mil empleados públicos cobran por debajo del Smic y que, con el congelamiento prácticamente prolongado durante 10 años del índice salarial de la función pública, sus remuneraciones perdieron un 20 por ciento de valor.

A su juicio, el Gobierno amenaza con sanciones a las empresas incumplidoras que, en el mejor de los casos, no llegarían hasta 2028, mientras favorecen las exigencias patronales.

La dirigente sindical advirtió que el proyecto presupuestario de 2027 podría reducir en promedio 250 euros las pensiones de jubilación, 600 euros los salarios de los funcionarios, 150 euros las prestaciones familiares y 110 euros las ayudas a la vivienda.

Añadió otros golpes al bolsillo: 100 euros más en el coste de las mutuas sanitarias (mutual) y 200 euros adicionales para financiar la formación mediante las cuentas personales de capacitación.

Frente a este ajuste sobre trabajadores y familias, criticó que el Ejecutivo prepare nuevas exenciones fiscales de horas extraordinarias, una medida que beneficia al empresariado y resta recursos a los servicios públicos y a la protección social.

Por su lado, Marylise Léon, secretaria general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), reclamó acelerar las negociaciones salariales en las ramas profesionales.

La dirigente de la CFDT también llamó a revisar los acuerdos en un plazo de dos semanas y garantizar que ningún mínimo convencional quede por debajo del Smic.

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