El centro hospitalario dispondrá de 40 camas de internamiento, tres quirófanos, dos salas de parto y 18 unidades de cuidados intensivos maternos, pediátricos y neonatales.
Según las autoridades, tendrá capacidad para atender alrededor de dos mil 200 partos al año y beneficiará a unos 780 mil habitantes de La Vega (región norte) y provincias cercanas.
El proyecto contempla además una Unidad de Intervención Terapéutica Territorial, destinada a ofrecer atención especializada a niños con condiciones especiales, así como un servicio específico para adolescentes.
En el encuentro, celebrado en la Universidad Católica del Cibao, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que la inversión pública en La Vega superó los 10 mil 181 millones de pesos (unos 157 millones de dólares) durante los últimos cinco años, un incremento del 79 por ciento respecto al período 2016-2020.
Entre las obras en ejecución mencionó la presa de Guaigüí, cuya primera etapa presenta un avance del 95 por ciento; las intervenciones en la autopista Duarte y la reconstrucción y ampliación de la carretera hacia Jarabacoa.
El funcionario también señaló que se extendieron mil cuatro kilómetros de caminos vecinales en la provincia y anunció la incorporación de un segundo contratista a los trabajos de la carretera de Jarabacoa, con el propósito de acelerar su ejecución.
Abinader anunció, asimismo, la designación de una comisión para identificar terrenos o instalaciones donde pueda establecerse una sede del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en La Vega.
Otra comisión estudiará la viabilidad de convertir el antiguo casino central en una escuela de bellas artes y una casa de la cultura. Además, la Universidad Católica del Cibao recibirá un aporte económico para construir su biblioteca.
Paliza indicó que la provincia registra una tasa de pobreza del 12,2 por ciento y que el Cibao Sur redujo la pobreza monetaria del 23,3 por ciento en 2019 al 10,8 por ciento en 2025.
El sexagésimo segundo Consejo de Ministros reunió a funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil para revisar proyectos en áreas como salud, educación, agricultura, energía, obras públicas y protección social.
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