La consulta pública, coordinada por el Comité Intersectorial de la Política Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Ambiente Digital, busca perfeccionar el plan de acciones previsto para el período 2027-2029.
Esa iniciativa pretende ampliar la participación social en la elaboración del instrumento, destinado a planificar, ejecutar, supervisar y evaluar las medidas priorizadas para garantizar los derechos de la población infantil y juvenil en Internet.
Pueden presentar contribuciones los propios niños y adolescentes, consejos de derechos, consejos tutelares, organizaciones de la sociedad civil, gestores públicos, profesionales vinculados con la protección de la infancia, instituciones académicas, familias y personas interesadas.
El documento sometido a consulta está estructurado en siete ejes estratégicos que abarcan diferentes dimensiones de la seguridad y los derechos en los espacios digitales.
Aparecen la educación digital y mediática, la prevención y el enfrentamiento de las violencias y vulneraciones de derechos, y la seguridad, privacidad y protección desde el diseño de productos y servicios en línea.
También figuran la capacitación de profesionales, familias y responsables legales, así como la participación social y la escucha especializada de niños y adolescentes.
Los ejes restantes se relacionan con la gobernanza y la articulación entre instituciones y niveles de Gobierno, además de la producción de datos, evidencias, seguimiento y respuestas ante riesgos emergentes.
Según el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, las manifestaciones recibidas serán sistematizadas y examinadas junto con las contribuciones recogidas durante reuniones técnicas celebradas previamente con instituciones y actores estratégicos.
Tal proceso permitirá perfeccionar el documento y consolidar su versión definitiva en el ámbito del comité intersectorial.
La consulta forma parte de la aplicación de la Política Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Ambiente Digital, instituida en marzo pasado.
Su desarrollo ocurre tras la entrada en vigor del Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia, que establece obligaciones para las plataformas tecnológicas en materia de privacidad, verificación de edad, supervisión parental y prevención de contenidos perjudiciales.
La normativa también prohíbe la publicidad dirigida a menores mediante perfiles de comportamiento y establece restricciones a mecanismos de recompensa aleatoria en videojuegos.
Con el nuevo plan, Brasil busca articular las responsabilidades de l Estado, las familias y las empresas tecnológicas para construir espacios virtuales más seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos de las nuevas generaciones.
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