El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fijó para los días 2, 3, 14 y 15 de diciembre próximo el juicio contra los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por su presunta vinculación con el caso Blue Apple.

Como fechas alternas fueron establecidas del 11 al 15 de enero de 2027, según trascendió en medios locales.

La investigación, iniciada en octubre de 2017, indaga una presunta red de recepción de sobornos de contratistas del Estado mediante la sociedad Blue Apple Services Inc., durante la administración de 2009 a 2014).

De acuerdo con las pesquisas, los hijos del exmandatario habrían participado en las operaciones a través de la sociedad Corporación de Energía del Istmo.

En noviembre de 2023, la jueza Baloisa Marquínez condenó a dos exministros de Obras Públicas, Federico Suárez y Jaime Ford, así como a otros implicados, por su participación en la trama.

Las sanciones incluyeron penas de hasta 158 meses de prisión y multas millonarias, mientras que varios contratistas reconocieron ante la Fiscalía Anticorrupción haber efectuado pagos equivalentes a entre cinco y 10 por ciento del valor bruto de sus contratos estatales, bajo el concepto de supuestas ayudas políticas.

La actual presidenta de la CSJ, María Cristina Chen, confirmó que en diciembre también se celebrarán audiencias relacionadas con personas aforadas en el caso Odebrecht, entre ellas el expresidente Juan Carlos Varela y los hermanos Martinelli Linares, excluidos del juicio por su condición de integrantes del Parlacen.

Chen explicó que la realización de estas diligencias depende del cumplimiento de los procedimientos legales y de la resolución de los recursos pendientes.

La magistrada rechazó que exista resistencia institucional a celebrar las audiencias y sostuvo que los tribunales deben respetar los plazos y las garantías del debido proceso.

Sin embargo, la lentitud de los expedientes judiciales continúa generando cuestionamientos ciudadanos, especialmente cuando involucran a funcionarios y representantes políticos.

Otro caso emblemático es el de los afectados por el envenenamiento masivo con dietilenglicol, ocurrido en 2006, quienes todavía esperan respuestas judiciales. Más de 400 personas permanecen a la espera de una resolución, mientras numerosos afectados fallecieron durante las dos décadas transcurridas.

La titular del máximo tribunal atribuyó parte del descontento a una percepción institucional heredada y defendió los avances registrados en los últimos años, al señalar que los procesos deben cumplir las etapas establecidas por la legislación nacional y los convenios internacionales.

Durante un encuentro la víspera con comunicadores por la celebración del Día Nacional del Periodista, los magistrados también abordaron las demandas contra estos profesionales y sus posibles efectos sobre el ejercicio cotidiano.

El debate vuelve a colocar en el centro de la atención pública la capacidad del sistema judicial panameño para ofrecer respuestas oportunas en investigaciones de corrupción y otros procesos de interés nacional.

mem/ga