Según la Agencia Brasil, ese ministro determinó que las acciones judiciales que cuestionan las reglas de transición de la nueva escala sean examinadas directamente, lo cual permitirá a la máxima corte del país pronunciarse sobre la controversia.
La decisión establece que los procesos serán remitidos al plenario presencial del STF, aunque todavía no existe una fecha definida para su discusión.
El avance del procedimiento ocurre después de que el magistrado Luiz Fux solicitara retirar el asunto de la votación virtual, interrumpiendo el análisis de las medidas cautelares que ya contaban con cuatro votos favorables.
Además de Dino, los jueces Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Gilmar Mendes habían respaldado las disposiciones provisionales destinadas a garantizar la aplicación del nuevo régimen laboral.
Mientras se organiza el juicio definitivo, permanecerán vigentes las medidas adoptadas por el relator para asegurar el calendario de transición.
Dino también concedió cinco días adicionales a la Cámara de Diputados y al Senado para complementar sus manifestaciones sobre el caso.
Posteriormente, la Abogacía General de la Unión y la Procuraduría General de la República dispondrán de dos días cada una para presentar sus respectivos pronunciamientos.
Tales acciones fueron promovidas por la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo y la Confederación Nacional de la Industria (CNI), entidades empresariales que cuestionan aspectos de la reforma constitucional aprobada por el Congreso.
Alegan dificultades para adaptar las actividades económicas a los nuevos límites de jornada y consideran insuficientes los plazos previstos para negociar convenios colectivos.
La reforma establece el abandono progresivo del modelo 6×1 (seis días de trabajo por uno de descanso) para garantizar dos jornadas semanales de reposo remunerado sin reducción salarial.
De acuerdo con el cronograma aprobado por el Legislativo, la primera etapa comenzará el próximo 16 de diciembre, cuando la jornada máxima semanal pasará de 44 a 42 horas, y la reducción continuará hasta alcanzar las 40 horas un año después.
Una decisión anterior de Dino permitió distribuir las 42 horas en cinco jornadas de hasta ocho horas y 24 minutos durante el período inicial de transición, sin considerar extraordinarios los 24 minutos adicionales.
Esta discusión judicial se desarrolla en medio de un debate nacional sobre los derechos laborales, las condiciones de trabajo y los efectos de la reducción de la jornada en los distintos sectores económicos.
La eliminación de la escala 6×1 fue aprobada por el Congreso y recibió respaldo de organizaciones sindicales, que consideran que disponer de dos días de descanso permitirá mejorar la calidad de vida de los trabajadores y ampliar el tiempo dedicado a la familia, el estudio y otras actividades.
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