El jefe de Estado cuestionó la burocracia, la insensibilidad y la falta de respuestas, y anunció que los funcionarios responsables de una atención deficiente deberán rendir cuentas públicamente. Además insistió en que escuchar a los ciudadanos es una obligación fundamental de los servidores públicos y advirtió que la atención no puede limitarse a registrar inconformidades.
“La principal responsabilidad de una institución es escuchar al pueblo y no quedarnos en la escucha; es escuchar pero entonces organizar, planificar, actuar y controlar”, aseveró Díaz-Canel.
De igual forma reconoció que la falta de respuestas institucionales afecta la confianza ciudadana y cuestionó las llamadas que nunca se contestan, las cartas sin respuesta, las demoras y el traslado injustificado de responsabilidades entre organismos.
También señaló que las limitaciones económicas y materiales, aunque condicionan numerosas soluciones, no pueden utilizarse para justificar la falta de gestión, sensibilidad o voluntad.
Durante el programa, el presidente presentó un balance del seguimiento de las llamadas recibidas en la emisión anterior. Este informe arrojó que el agua sigue siendo la principal preocupación de la audiencia, con 18 quejas entre las 41 registradas.
Además se recibieron reclamaciones relacionadas con vulnerabilidad, vivienda y asuntos jurídicos. “Muchas soluciones no han requerido grandes inversiones, sino una mejor actuación de las instituciones”, indicó el presidente.
Uno de los casos examinados fue el de integrantes de la Asociación Nacional del Ciego en San Miguel del Padrón, quienes denunciaron dificultades para disponer de una sede y recibir atención social en el municipio.
Al respecto, el mandatario cuestionó el hecho de reiterar promesas de solución durante años sin resultados concretos y rechazó el maltrato a quienes presentan reclamaciones y las represalias contra ciudadanos que acuden a las instituciones. “El problema es de todos y todos tenemos que ayudar a resolverlo”, expresó.
Propuso, asimismo, que en próximas emisiones participen funcionarios que hayan incumplido sus responsabilidades, para que expliquen públicamente su actuación y rindan cuentas ante la población.
Por su parte, la viceministra primera de Justicia, Yailet Peña, explicó el alcance de la Ley 167, del Sistema de Atención a Quejas y Peticiones de las Personas, vigente desde el 13 de marzo de 2025.
La norma establece un plazo general de 30 días naturales para tramitar y responder las reclamaciones, prorrogable excepcionalmente. Cuando una administración incumple sus obligaciones, los ciudadanos disponen de mecanismos de reclamación administrativa y, según corresponda, pueden acudir a los tribunales.
Peña informó además que durante 2026 el Ministerio de Justicia ha supervisado unas mil 500 entidades para evaluar el cumplimiento de estas disposiciones.
El programa contó además con la participación de Joel Queipo, primer secretario del Partido en la oriental provincia Holguín, quien explicó las experiencias de atención a la ciudadanía.
Destacó el programa Código QR, que combina encuentros comunitarios, transmisiones radiales, seguimiento de reclamaciones y coordinación entre instituciones.
Queipo detalló que las propuestas de la población han permitido encontrar soluciones prácticas y que la experiencia demuestra la importancia de escuchar directamente a quienes viven los problemas.
El presidente valoró la multiplicación de estos espacios en distintas provincias, pero precisó que el objetivo no es solamente crear programas de radio, sino mejorar el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Para culminar, el gobernante retomó una pregunta esencial: ¿por qué determinados problemas tienen que llegar hasta el presidente para que alguien se ocupe de ellos? Insistió en distinguir las dificultades derivadas de la escasez de recursos de aquellas provocadas por deficiencias administrativas.
“Que los cuadros que están por debajo no esperen a que el problema llegue a la máxima dirección del país para ocuparse de él”, planteó.
Defendió una cultura de servicio público basada en la responsabilidad, la sensibilidad, la participación popular y la rendición de cuentas.
El mensaje central de esta quinta emisión fue claro: escuchar al pueblo es una obligación; responder, gestionar y resolver sus problemas es la medida de la eficacia de las instituciones.
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