Las principales objeciones proceden del Partido Democrático (PD), el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y Alianza Verdes e Izquierda (AVS), que votaron contra la iniciativa aprobada la víspera en la Cámara de Diputados, con 147 votos favorables, 93 contrarios y cinco abstenciones.
El copresidente de AVS, Angelo Bonelli, calificó la legislación de “ley mordaza” y acusó al Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni de utilizar la lucha contra el antisemitismo para silenciar las denuncias sobre las acciones de Tel Aviv contra la población palestina.
En la misma línea, la diputada del PD Laura Boldrini consideró que la mayoría gubernamental pretende censurar las críticas a la administración israelí y lamentó el rechazo de las enmiendas opositoras que proponían sustituir la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) por la Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo.
La controversia también evidenció diferencias dentro del PD, pues cinco de sus diputados —Lorenzo Guerini, Piero Fassino, Lia Quartapelle, Virginio Merola y Nicola Carè— se abstuvieron, apartándose de la orientación de voto negativo establecida por la secretaria de esa formación, Elly Schlein.
Por su parte, el M5S y AVS mantuvieron su rechazo al texto, al considerar que la incorporación de los ejemplos explicativos de la definición de la IHRA pueden equiparar determinadas críticas a las políticas del Estado israelí con manifestaciones antisemitas.
Desde la mayoría de derecha, el diputado de Fuerza Italia Paolo Emilio Russo defendió la legislación y rechazó que pretenda limitar la libertad de expresión, mientras otros representantes del Ejecutivo sostuvieron que la iniciativa constituye una herramienta necesaria para combatir la discriminación y el odio contra las comunidades judías.
Aprobado en marzo por el Senado, el proyecto incorpora formalmente la definición operativa de antisemitismo de la IHRA, adoptada en 2016, que incluye ejemplos relacionados con determinadas expresiones de hostilidad hacia Israel y su política.
La legislación contempla la designación de un coordinador nacional para combatir ese fenómeno, la elaboración de una estrategia trienal y la creación de una base de datos para registrar y supervisar los incidentes y delitos de odio.
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