Fijan juicio sobre Ley de Dosimetría en Brasil para 4 de diciembre

Brasilia, 19 nov (Prensa Latina) El ministro brasileño Alexandre de Moraes fijó hoy para el 4 de diciembre el juicio del Supremo Tribunal Federal sobre la ley que modifica el cálculo de penas por los actos golpistas del 8 de enero de 2023.

La decisión permitirá que el máximo tribunal brasileño (STF) examine la constitucionalidad de la llamada Ley de Dosimetría, que puede reducir las condenas de los responsables de los ataques contra las sedes de los poderes públicos y beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro.

Tal proceso fue liberado para su inclusión en la agenda después de que los presidentes de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y del Senado, Davi Alcolumbre, se reunieran hace dos días con Moraes y solicitaran que el asunto fuera sometido a consideración del pleno este año.

El STF analizará cuatro acciones que cuestionan la Ley 15.402 de 2026, promulgada el 8 de mayo, después de que el Congreso rechazara el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la propuesta legislativa.

La norma modifica los criterios para calcular las penas de personas condenadas por delitos relacionados con los ataques contra la democracia en dicha fecha, cuando seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto y el propio Supremo, en Brasilia.

Entre los posibles beneficiarios figura el exmandatario, condenado a 27 años y tres meses de prisión por liderar la trama golpista contra de Lula, vencedor en las elecciones de 2022. Reportes de prensa precisaron que la eventual reducción dependerá de la validez de la legislación y de su aplicación a cada condena.

Por tanto, la inclusión del asunto en la agenda no supone que los sentenciados vayan a recibir automáticamente una disminución de sus penas.

Moraes suspendió la aplicación de la norma después de analizar el caso de Nara Faustino de Menezes, condenada por participar en los sucesos mencionados y quien solicitó beneficiarse inmediatamente de los nuevos criterios.

Argumentó entonces que no correspondía examinar solicitudes individuales de reducción mientras permanecieran pendientes en el STF las acciones que cuestionan la constitucionalidad de la legislación.

La controversia representa un nuevo capítulo de las tensiones entre el Poder Legislativo y el Judicial en torno a las consecuencias penales de la intentona golpista y el alcance de las responsabilidades por aquellos acontecimientos.

rc/dsa

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