Según sus organizadores, la manifestación reunió a unas 13 mil personas que expresaron preocupación por el rumbo de la política de seguridad nacional y defendieron el mantenimiento de los principios pacifistas establecidos tras la Segunda Guerra Mundial.
Los participantes reclamaron la preservación del artículo 9 de la Constitución, considerado la base jurídica del compromiso de Japón con la renuncia al uso de la guerra como instrumento para resolver conflictos internacionales.
Dicha concentración coincidió con los preparativos del Ejecutivo, liderado por la primera ministra, Sanae Takaichi, para actualizar sus principales directrices de seguridad, un proceso que ha reavivado el debate sobre el alcance de las capacidades militares japonesas y su papel en el escenario regional.
Entre las inquietudes planteadas durante el acto figura la posibilidad de introducir modificaciones relacionadas con los Tres Principios No Nucleares, una política que históricamente ha impedido la posesión, fabricación o ingreso de armas nucleares en territorio japonés.
Dirigentes de organizaciones políticas y sociales presentes en la protesta sostuvieron que cualquier revisión de esos pilares podría alejar al país de los fundamentos pacifistas que han marcado su ordenamiento constitucional durante décadas.
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