Por Mario Hubert Garrido
La frase «El mundo es rehén de la mafia petrolera», pronunciada por Navarro durante la COP31, celebrada en Antalya, Turquía, hasta el pasado 20 de noviembre, captó la atención de medios internacionales y colocó al funcionario entre las figuras más visibles de las discusiones sobre la transición energética.
Navarro advirtió incluso que su país podría vetar cualquier acuerdo final que no incluyera compromisos concretos para abandonar los combustibles fósiles y garantizar financiamiento climático a las naciones en desarrollo.
Sin embargo, el discurso ambientalista del Gobierno tendrá una prueba particularmente compleja en el ámbito nacional: el futuro de la empresa Cobre Panamá, una de las mayores inversiones mineras de la historia del país en Donoso (Colón), cuyas operaciones permanecen paralizadas desde noviembre de 2023.
El presidente José Raúl Mulino anunció el pasado 16 de noviembre el comienzo de conversaciones formales con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explorar alternativas sobre el futuro del yacimiento ubicado en Donoso, provincia de Colón.
Aunque el mandatario aclaró que el diálogo no implica una decisión definitiva de reapertura, el anuncio reactivó protestas y sobre todo el debate sobre los costos ambientales, económicos y sociales de una eventual explotación minera.
El proceso adquiere especial relevancia por el papel que corresponde a Navarro, quien, junto con los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, integró la comisión interministerial encargada de evaluar los resultados de la auditoría ambiental de la instalación.
El pasado 30 de septiembre, los tres funcionarios entregaron a Mulino un informe con 17 recomendaciones y seis criterios para orientar las decisiones gubernamentales sobre el proyecto.
Durante esa presentación, Navarro señaló que la mina mantenía estabilidad física, aunque advirtió sobre la necesidad de una vigilancia permanente. Su cartera tiene bajo responsabilidad el seguimiento de las condiciones ambientales del sitio, donde continúan suspendidas las actividades extractivas.
La situación se remonta a noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá, después de semanas de movilizaciones populares contra la concesión.
Aquella decisión marcó un punto de inflexión en la discusión nacional sobre el modelo de desarrollo, la soberanía sobre los recursos naturales y los límites de la actividad extractiva en un país, cuya economía mantiene una fuerte dependencia de los servicios y del comercio internacional.
La dimensión jurídica y económica se suma la sensibilidad ecológica de Donoso, donde el proyecto se encuentra en una región de bosques tropicales vinculada al Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño y al Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera.
Se trata de ecosistemas que cumplen funciones de conectividad para la biodiversidad, protección de fuentes hídricas y conservación de hábitats de numerosas especies.
De otra parte, la existencia de áreas conservadas y programas de mitigación no elimina la necesidad de evaluar integralmente los impactos de una eventual reanudación de operaciones, particularmente sobre los bosques, los ríos y la conectividad ecológica de la región.
El debate panameño se inserta en una discusión internacional más amplia sobre la transición energética y la demanda de minerales necesarios para tecnologías vinculadas con las energías renovables y la electrificación.
El cobre es un insumo estratégico para redes eléctricas, vehículos eléctricos y sistemas de generación renovable. Sin embargo, su creciente demanda no elimina los cuestionamientos sobre los efectos territoriales y ambientales de su extracción.
Panamá se encuentra así ante una disyuntiva que trasciende la eventual recuperación de una inversión: cómo conciliar los ingresos fiscales y el empleo asociados a una actividad minera con la protección de ecosistemas de alto valor y las exigencias de una ciudadanía que protagonizó en 2023 una de las mayores movilizaciones ambientales de su historia reciente.
Para Navarro, el desafío será trasladar al ámbito nacional los principios defendidos en la cumbre climática, en momentos en que el Gobierno abre un proceso de diálogo con la empresa que podría redefinir el futuro de la minería metálica en el istmo.
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