La extensión de las manifestaciones, durante las que murieron cuatro civiles por la explosión de una bomba artesanal y un policía, compelíó a las autoridades a imponer el toque de queda en los estados septentrionales de Kano y Katsina donde las autoridades reportaron actos de vandalismo y saqueos de edificios públicos y comercios privados.

Asimismo, las fuentes oficiales dieron cuenta de por lo menos 300 arrestos de manifestantes y de “varios heridos” tanto entre los manifestantes, como en las filas de los gendarmes.

Las consignas de los protestantes estuvieron centradas en el alto precio de los artículos de la canasta básica y la mala gobernanza de la que culpan a la arrogancia de los burócratas oficiales, considerados corruptos por el común de los nigerianos.

Asimismo demandaron la reinstalación de los subsidios al gas y los demás combustibles, suspendidos por el presidente nigeriano, Bola Tinubu, tan pronto asumió el poder, como parte de un plan de austeridad para equilibrar las finanzas públicas.

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