La Fiscalía y las unidades policiales anticorrupción y contra el crimen organizado allanaron de madrugada la vivienda ubicada en el distrito limeño de Pueblo Libre y el registro continuaba varias horas después.

Hinojosa fue includo en la investigación del caso en los primeros días de diciembre y la operación abarcó el allanamiento de otras dos viviendas, una de ellas de Francisco Burga, empresario que suministró enlatados de carne de caballo y otros alimentos inapropiados.

Según indagaciones previas, esos productos fueron aprobados mediante sobornos por funcionarios de control sanitario y del Ministerio de Inclusión Social, a cargo del programa de alimentación escolar en escuelas estatales.

Los hechos fueron denunciados por una extrabajadora del citado programa y datan de 2021, cuando la actual mandataria era titular de ese ministerio e Hinojosa dirigía el citado programa y era viceministro del sector el actual ministro del área es Julio Demartini.

Demartini estuvo la semana a punto de ser censurado por el Parlamento como responsable político, pero la mayoría congresal, que con frecuencia actúa en sintonía con el Ejecutivo, desestimo el caso.

La operación de hoy se produjo en el marco de un serie de denuncias contra la presidenta Dina Boluarte y su entorno y tras anunciar la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que ha citado a la mandataria para interrogarla sobre conjeturas sobre su desplazamiento al sur de Lima.

Espinoza confirmó por otra parte que otra investigación sobre las secuelas de una operación de nariz mantenida hasta la semana pasada en secreto por la mandataria, está referida a us posible abandono temporal del cargo y no en la citada cirugía.

Al respecto, una televisora mostró el domingo último imágenes de normas legales firmadas por Boluarte en los días de convalecencia, en los que las rúbricas parecen falsificadas, lo que otro medio de prensa afirmó haber confirmado con expertos en la materia.

La televisora América reportó además que el actual ministro de Justicia, Eduardo Arana, integrante del círculo más cercano a la mandataria, como Demartini e Hinojosa, sostuvo 180 contactos con el hace años prófugo ex juez de la Corte Suprema, César Hinostroza, señalado como jefe de una vasta red de corrupción.

Boluarte es además considerada presunta responsable política de muertes en la represión de protestas contra su ascenso a la Presidencia, en diciembre de 2022, en reemplazo del encarcelado y destituido gobernante Pedro Castillo, y tiene otra investigación por la posesión de joyas y relojes de lujo no incluidos en su obligatoria declaración patrimonial.

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