De acuerdo con esa institución, los registros estarán abiertos hasta el 7 de mayo próximo.
El ente refiere que los observadores electorales –cuya presencia ayuda a fortalecer la democracia- son personas facultadas por la ley e interesadas en conocer los actos de preparación y desarrollo del proceso, así como la jornada comicial propiamente.
Un comunicado precisa que esta acción “cobra especial importancia en virtud de que no hay representaciones partidistas, por lo que dichas figuras serán piezas clave para transparentar el quehacer institucional y, en general, coadyuvarán en la legitimación del mismo”.
Entre los requisitos legales se encuentran ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y no ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político alguno en los tres años anteriores a la cita ante las urnas.
Los aspirantes tampoco pueden ser ni haber sido candidatos a puestos de elección popular en los tres años previos a los comicios, ni servidores públicos vinculados con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal.
Además, no serán aceptadas personas operadoras de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, ni servidores de la nación, así como tampoco podrán sumarse representantes o militantes de algún partido político.
De acuerdo con las autoridades, hasta el 21 de febrero se recibieron mil 257 registros individuales y cinco registros de miembros de organizaciones.
El viernes pasado, el INE dio inicio a la impresión de 602 millones 387 mil 442 boletas con miras a esta cita ante las urnas, un proceso inédito en la historia del país.
Además de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reforma judicial aprobada en 2024 contempla otros puntos, entre estos, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente a la Suprema Corte.
De acuerdo con autoridades y especialistas, la modificación a la carta magna en esta materia busca poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias existente en ese poder autónomo.
Tal realidad, señalan, ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.
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