A través de su perfil en la red social X, el legislador de Unión por la Patria y secretario general de la Asociación Bancaria resaltó la medida dictada por Ramos que frena la aplicación del recurso 116/2025 y ordena al Estado Nacional y al BNA abstenerse de toda acción tendiente a su implementación.
El decreto, publicado el 19 de este mes, es considerado un paso previo para la privatización de esa entidad, proceso anunciado por el mandatario a inicios de su gestión, pero suspendido durante negociaciones para la aprobación de la Ley Bases.
De capital enteramente estatal, el BNA fue fundado en 1891, en pocos años se convirtió en la mayor institución local de su tipo y en la actualidad cuenta con más de 700 sucursales.
Posee los mejores números en cuanto a rentabilidad del sistema financiero, concentra la mayor cantidad de clientes, depósitos, otorgamiento de créditos y asistencia tanto a empresas como a individuos, es el más grande del país, señaló la Bancaria en un comunicado.
Esos datos fueron logrados siendo público y estatal, sin desatender su función social y sosteniendo el desarrollo de la industria, el campo, las pequeñas y medianas empresas y a los ciudadanos en general. Es contradictorio querer vender lo que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio y una nueva estafa, añade.
Asimismo, el sindicato recordó que en 2024 fueron recolectadas más de un millón de firmas contra una acción de ese tipo y tuvo lugar una movilización frente al Congreso, entre otras iniciativas.
El presidente insiste en transformarlo en sociedad anónima para luego privatizarlo, cuando por otro lado el juez Ramos resolvió que no pueden avanzar en ese proceso si no es con una ley. ¿A qué amigos querrá beneficiar esta vez, entregándole el negocio más rentable del sistema financiero argentino?, cuestiona el documento.
Además, recuerda que Milei fue acusado ante la justicia nacional y de Estados Unidos por una supuesta estafa con criptomonedas, y existen declaraciones de empresarios que alegan que el entorno del jefe de Estado cobraba dinero para organizar reuniones con él.
También señala que el sindicato reveló hace meses el traslado sin explicaciones del oro del Banco Central al exterior.
No permitiremos que destruyan el patrimonio que pertenece a todos los argentinos. Realizaremos una reunión de nuestros cuerpos orgánicos para determinar el plan de acción a seguir, concluye el texto.
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