Jóvenes estudiantes y activistas civiles consideran la enmienda como un paso contrario al proceso de desmilitarización emprendido hace más de dos décadas para superar una época de abusos e impunidad, liderada por la casta militar.

La renovación permitirá un mayor acceso de militares en activo a puestos en varios organismos públicos, entre ellos, la agencia antiterrorismo, la oficina del fiscal general, la agencia nacional antinarcóticos y el Tribunal Supremo, entre otros.

En las protestas, muchos reclaman al presidente indonesio, Prabowo Subianto (exgeneral), que impida una restauración del papel del Ejército en asuntos civiles.

Grupos de estudiantes universitarios llamaron a la movilización en las calles de las nuevas generaciones, mediante las redes sociales, por lo que ven como un intento de conceder amplia libertad a las fuerzas armadas para gestionar la economía y otras esferas del país.

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