En una nota enviada al canciller Javier Martínez Acha, la magistrada presidenta del Supremo, María Eugenia López, señala que ese beneficio otorgado el pasado jueves al exgobernante asilado en la embajada de Nicaragua en esta capital, desde el 7 de febrero de 2024, es facultad del Órgano Ejecutivo ajena al poder judicial.
La comunicación tiene lugar luego de que el gobierno de Nicaragua exigiera al de Panamá que aclare ‘incongruencias’ sobre el salvoconducto que otorgó al exmandatario para que pueda salir del país y ser recibido como asilado, luego de que una jueza solicitase a la Interpol una orden de captura.
En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense calificó de absurdas tales posiciones y dijo que deberían enmendar de inmediato, ubicándose al lado de la corrección política y humanista.
Al referirse a la situación generada por el istmo sobre la solicitud a Interpol de emitir alerta roja por acciones económicas para el expresidente Martinelli asilado en la sede diplomática de Nicaragua, Managua comunicó que no aceptará lo que consideran una emboscada.
“Tanto al ciudadano expresidente, en condición de asilo y refugio en nuestra sede diplomática, quien estaría expuesto a acciones agresivas, como al mismo Gobierno de Nicaragua, a quien se pretende generar un conflicto internacional que ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nos pertenece”, subrayó.
“Hemos conocido recientemente, con alarma, acciones violatorias del fuero diplomático y de la condición de asilo de parte de autoridades en distintos países, que han asaltado e invadido Embajadas, incluso agrediendo físicamente a Embajadores, y secuestrando a asilados”, enfatizó.
También el documento señaló que el Gobierno panameño se ha caracterizado, desde que José Raúl Mulino asumió la presidencia, por desconocer, difamar y actuar contra Nicaragua, “en inmerecidas declaraciones ofensivas, y además, bloquear, en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua al asiento que nos corresponde legítimamente en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana”.
Al conocer la reacción de Managua, el secretario del partido Realizando Metas y vocero del expresidente, el diputado Luis Eduardo Camacho, indicó a la prensa en las afueras de la legación diplomática, que aunque no ha recibido comunicado oficial, el Ejecutivo podría extender otras 48 horas el salvoconducto a Martinelli cuyo primer plazo finaliza este lunes 31 de marzo a las 24:00 hora local; y entonces podría realizarse el viaje a Managua.
Martinelli fue condenado en julio 2023 a 10 años y ocho meses de prisión y al pago de una multa de 19,2 millones de dólares, por blanqueo de capitales por la compra con recursos del Estado de una editora.
También es uno de los acusados por el caso de los sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht para acceder a jugosos contratos públicos y otros favores.
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