Una de las opciones sobre la mesa es convocar a una Asamblea Constituyente, aunque el ministro de Gobierno, José De la Gasca, afirmó que también consideran reformas parciales o enmiendas al texto actual, vigente desde 2008.

La Constituyente fue una de las promesas de campaña de Noboa, pero ahora, luego de las alertas sobre las consecuencias de un proceso de ese tipo, que implicaría al menos tres citas en las urnas, de la Gasca declaró que aún no hay una decisión tomada.

En entrevista con un medio local, el funcionario señaló que la definición dependerá de cómo se conforme la nueva Asamblea Nacional, que se instalará el 14 de mayo venidero.

De la Gasca explicó que una nueva Constitución podría estar lista en cinco meses si se aplica el modelo que propone el Ejecutivo: una consulta popular para autorizar la Constituyente y luego un referendo para aprobar el nuevo texto.

El planteamiento busca reducir el proceso a dos elecciones y evitar la de elegir a los integrantes del cónclave que redactaría las normativas.

En su lugar, propone que los cinco poderes del Estado designen a sus representantes y que también participen delegados de gremios y sociedad civil.

No obstante, expertos constitucionalistas advierten que ese camino no es viable legalmente, pues anteriormente la Corte Constitucional determinó que los integrantes deben ser elegidos mediante sufragio.

Si bien el presidente Noboa ha enviado a la Asamblea Nacional propuestas para reformar varios artículos de la Carta Magna, durante la campaña expresó su deseo de un nuevo texto.

El proceso implicaría reorganizar el ordenamiento jurídico del país en medio de una crisis económica y de seguridad, lo que ha generado escepticismo en sectores políticos y académicos.

Expertos citados en la prensa local alertan que una nueva Constitución no resolverá por sí sola los problemas estructurales del país y que el Gobierno debería centrarse en reformas urgentes y posibles con su bloque legislativo que está cerca de la mayoría.

Sectores de izquierda, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sostienen que cualquier reforma profunda del Estado debe ser resultado de un proceso popular, plural y transparente, y no una maniobra política para legitimar intereses económicos y militares.

Esa organización cree que cambiar la ley suprema representa un intento de concentrar el poder y debilitar derechos colectivos ya conquistados en la vigente Constitución de 2008.

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