Araújo advirtió que desde mayo pasado se ha escalado las acciones represivas por el Gobierno de Bukele.

Asimismo, el periodista y analista David Alfaro, señala que la captura de esa jurista, defensora de derechos humanos, figura respetada y conocida internacionalmente, no es un simple error del gobierno salvadoreño.

En su opinión es una decisión política calculada y no es cualquier decisión porque Nayib Bukele, con pleno conocimiento del enorme costo internacional que acarrea, ha optado por mantenerla detenida con acusaciones endebles, en estricta reserva, sin garantías procesales.

«El encarcelamiento de Ruth no sólo busca acallarla. Busca efecto. Busca temor general. Busca silencio», expresó al referirse en un artículo publicado en el Diario Colatino a la actitud impositiva de Buekele.

Ayer, el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador dictó detención provisional con instrucción formal contra la defensora de derechos humanos, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

La abogada que permanecerá en prisión los próximos seis meses gritó en el contexto de la udiencia de ayer: «Quiero un juicio público», «No me van a callar».

El caso de Ruth estará bajo reserva total a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Pedro Cruz, abogado defensor de la jurista calificó la decisión judicial como «una aberración jurídica».

Ruth López fue detenida el 18 de mayo. Su captura se debió, según informó la Fiscalía en su cuenta oficial de X, por supuesto delito de peculado de cuando fue asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con Eugenio Chicas, actualmente procesado.

Sin embargo, se conoció que la FGR cambió el delito por supuesto enriquecimiento ilícito.

Sectores de la sociedad salvadoreña consideran que este caso se debe por ser defensora de derechos humanos y denunciar la corrupción en el Gobierno de Nayib Bukele.

«Nosotros haremos nuestro trabajo, tenemos argumentos muy sólidos, tenemos evidencias, tenemos los arraigos y esperemos que se dé un juicio o una audiencia basada eminentemente en la ley», subrayó Pedro Cruz, abogado defensor.

El Artículo 12 de la Constitución de la República establece que «toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa».

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