El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la solicitud, al considerar sin sustento los argumentos de la defensa sobre la ausencia de fiscales supremos en el juicio y estimó legal el reemplazo de estos por adjuntos.

Añadió que una solicitud como la rechazada debe basarse en nuevos elementos de convicción, para considerar la posibilidad de excarcelar a Castillo, a quien se le han impuesto dos órdenes de prisión preventiva que suman tres años.

De no variar su situación, Castillo, encarcelado y destituido por el Parlamento en diciembre de 2022, seguirá preso hasta diciembre de 2025, salvo que el tribunal lo libere o se cambie la condena a la de prisión preventiva.

Castillo mantiene una actitud de desacato al juicio y acusa a los miembros del tribunal que lo juzga de carencia de imparcialidad y de haber decidido su condena desde el inicio del proceso, así como de aceptar pruebas y testigos inválidos en su contra

Rechaza también el cargo de rebelión, porque el Código Penal define este delito como alzamiento en armas en forma colectiva con opción a exonerarse la pena si los alzados deponen su actitud antes de usar las armas.

También argumenta que al anunciar un decreto de disolución del Congreso y reorganización de los

Una encuesta reciente indagó sobre el presunto golpe de Estado del mandatario y más de 50 por ciento respondieron que el golpe lo dio el Parlamento adverso a Castillo.

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