La iniciativa, remitida a la Cámara de Diputados, recibió en lo general el apoyo de 77 parlamentarios y el rechazo de 30, mientras en lo particular fue avalada con 71 votos a favor y 29 en contra.

Entre los aspectos más relevantes, figuran que el nuevo ordenamiento fortalece el papel de medios comunitarios, indígenas y públicos, con lo que se garantiza el acceso a la radiodifusión con un enfoque multicultural y de derechos humanos.

Además, regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales y la comunicación vía satélite.

También la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre estos.

Mediante 299 artículos y 32 disposiciones transitorias, la nueva norma detalla los derechos de los usuarios y las audiencias, y garantiza el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, para que contribuyan con el ejercicio de las garantías fundamentales.

El legislador Manuel Huerta, del gobernante partido Morena, dijo que opositores señalan a esta ley como una supuesta “herramienta de control”, pero rechazó tal planteamiento al subrayar que “no espía, no persigue y no censura”.

Lo que hace es garantizar que Internet y la comunicación sirvan al pueblo y no a los intereses de algunos, aclaró.

A juicio de Lizeth Sánchez, del Partido del Trabajo, la iniciativa representa un paso fundamental para un México más inclusivo, justo y conectado, pues combate la desigualdad digital y garantiza que los derechos fundamentales se ejerzan en el siglo XXI.

oda/las