El joven fue acusado por obstrucción y resistencia a un oficial federal y agresión a un oficial federal mediante el uso de un arma peligrosa, por eventos que tuvieron lugar el 25 de junio de 2025.

Según la versión oficial agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos se encontraban de servicio cuando vieron al sujeto, quien presuntamente realizaba una actividad ilegal dentro de un vehículo.

Al ser confrontado por los agentes federales, en lugar de seguir las órdenes Díaz De la Cruz aceleró el vehículo hacia uno de los agentes, quien vestía su uniforme oficial de policía y se encontraba parado frente al vehículo.

El agente se movió con rapidez para evitar ser atropellado por el vehículo.

La conducción errática de Díaz De la Cruz finalmente resultó en una colisión con otro vehículo policial que se encontraba cerca del incidente.

El ciudadano dominicano no tiene estatus legal que le autorice a estar en Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos desde 1898.

“El Departamento de Justicia tiene tolerancia cero con los delincuentes que agreden a agentes del orden público federales o locales”, declaró W. Stephen Muldrow, fiscal federal del Distrito de Puerto Rico.

Muldrow anticipó que “enjuiciaremos con todo el peso de la ley a quienes agredan a las valientes mujeres y hombres que sirven y protegen a nuestras comunidades”.

El agente especial a cargo de la Oficina de Campo de San Juan del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Devin J. Kowalski, refirió que

“cuando alguien opta por la violencia en lugar de obedecer, pone en peligro vidas, incluida la suya”, y consideró que “estos agentes demostraron una moderación y un profesionalismo extraordinarios ante una amenaza peligrosa y deliberada”.

El jefe del FBI en San Jan advirtió que “cualquier agresión contra las fuerzas del orden federales será investigada con todos los recursos a disposición del FBI y no descansaremos hasta que se haga justicia”.

De ser declarado culpable, Díaz De la Cruz enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Estados Unidos y otros factores legales.

El FBI y la Patrulla Fronteriza del Sector Ramey investigan el caso, que será procesado por el fiscal federal adjunto César Rivera-Díaz, bajo los parámetros establecidos por el presidente Donald Trump en la Orden Ejecutiva 14159.

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