El lunes, la jueza Loretta Preska del Segundo Distrito de Nueva York dictaminó que el estado argentino debe transferir 16 mil millones de dólares, el valor de la mitad más uno de las acciones de YPF, al The Bank Mellon of New York y este a su vez pasarlo las casas financistas Burford Capital y Eton Park Capital Management que son los beneficiarios en este caso por la nacionalización de la empresa en 2012.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró anoche que el Gobierno apelará en todas las instancias el fallo de la magistrada Preska por la causa.
Francos dijo que harán una apelación de fondo y una presentación contra la decisión específica de la jueza norteamericana. A su vez, negó que el pago derivado de la sentencia sea inevitable en esta instancia del proceso.
La primera reacción fue un desplome de las cotizaciones de YPF en Wall Street y la Bolsa de Buenos Aires.
En sus acostumbrados exabruptos, Milei aprovechó la oportunidad para culpar al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien está enfrascado en pugna electoral, por el veredicto de la jueza en Nueva York.
Kicillof era el ministro de Economía durante el segundo mandato de Cristina Fernández cuando el gobierno de entonces decidió nacionalizar YPF que se encontraba prácticamente en quiebra y en precarias condiciones.
El gobernador bonaerense ripostó y acusó al presidente de querer entregar YPF a manos privadas luego del fallo de la Justicia norteamericana contra el Estado argentino y a favor de los fondos buitre.
En un posteo en la red social X, titulado “La entrega avanza”, el dirigente peronista aseguró que el mandatario libertario “defiende los intereses de los Estados Unidos, de los poderes financieros y las empresas extranjeras”.
YPF no forma parte del juicio, ni del proceso judicial, sino que es uno de los botines del pleito entre privados y el Estado nacional. Es la moneda de cobro más a mano, ya que otras fueron desechadas. El representante del Estado argentino es la Procuración del Tesoro de la Nación, hoy a cargo de Santiago María Castro Videla.
La nacionalización de la empresa con el aval de una ley del Congreso votada por amplia mayoría en abril del 2012, y no fue azarosa: un año antes se redescubrió Vaca Muerta y todo su potencial petrolero y gasífero. Este es el verdadero botín que buscan el fondo litigante y quienes están detrás, señaló el periódico Ámbito Financiero.
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