“Una mandataria con los niveles más bajos de aprobación en la región y cuya gestión es ineficaz, no merece ganar 35 mil 568 soles (aproximadamente 10 mil dólares mensuales)”, argumentó la mayor organización sindical peruana.

Un comunicado de la CGTP calificó además al aumento como una decisión “insensible, inmoral y un insulto al país”, en medio de problemas de desempleo, la informalidad y la precariedad laboral.

Añadió que “el gobierno está plagado de escándalos, cuestionamientos a su legitimidad y denuncias por violaciones de los derechos humanos de los peruanos que fueron asesinados por la represión estatal durante las protestas de 2022 y 2023”, contra el ascenso de Boluarte a la Presidencia.

Para la CGTP, “no resulta coherente comparar este aumento con las remuneraciones que perciben los presidentes de la región”, en la que Boluarte subió con su nuevo sueldo del penúltimo al segundo lugar en América del Sur, superada solo por el gobernante de Uruguay, Yamanú Orsi.

El comunicado alega también que, para aumentar el salario presidencial, el Gobierno dictó un decreto que elimina límites fijados para el sueldo de los presidentes, lo cual es ilegal, según la central obrera, porque la constitución está por encima de los decretos.

Sin embargo, la presidenta peruana, ante una pregunta en una conferencia de prensa, dijo que responderá por única vez interrogantes sobre temas que consideró privados y sostuvo que la mejora de su salario es plenamente legal.

El partido Voces del Pueblo, por su parte, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra la presidenta y sus ministros por violar la norma constitucional establece que los jefes de Estado solo deben recibir 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), lo que asciende a 26 mil soles (7,324 dólares).

Además en el Parlamento se anunciaron siete mociones de vacancia de Boluarte (destitución por permanente incapacidad moral), por el cuestionado aumento que le favorece), las cuales corresponden a bancadas de izquierda y centro.

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