La norma fue rechazada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, en una votación decidida por varios representantes que votaron a favor de la ley y, cuando parecía que esa posición podía ganar, votaron en contra y el resultado final fue de 12 votos en contra, cinco a favor y una abstención.

El resultado desafió a las protestas de los mineros iniciadas hace dos semanas pasadas en demanda de una norma que facilite su formalización, tras ocho años de prórrogas de plazos para cumplir con el trámite a la postre fracasado.

Las manifestaciones escalaron la semana pasada con bloqueos de carreteras importantes que mantienen varados a centenares de camiones en siete puntos del país, con más fuerza en el sur del país.

El chofer murió accidentalmente cuando, al salir de su vehículo, caminó por el borde de un abismo, resbaló y cayó al barranco, en las afueras de la ciudad de Ocoña, en la sureña provincia de Camaná, a 780 kilómetros al sur de Lima.

Tras la frustración de esta noche, el dirigente la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, Máximo Franco, expresó indignación por el bloqueo al proyecto de ley concebida para ampliar hasta fines de 2026 el plazo de legalización.

Franco dijo que la protesta continuará y llamó a los campesinos a sumarse a la lucha contra los poderes económicos a los que, dijo, sirven los congresistas y medios de prensa que defienden esos intereses.

El Gobierno ha anunciado como solución al conflicto, descartar a 50 mil mineros informales y artesanales y dar a 31 mil que avanzaron en los trámites de formalización de plazo hasta fin de año.

Según Franco, muy pocos del grupo de 31 mil podrán legalizarse, porque el problema de fondo es que el trámite exige que firmen un contrato con las empresas establecidas en cuyas tierras ociosas los informales explotan el oro y no aceptan contratar a los formales el arriendo de esas tierras.

Propuso que las áreas que las empresas no explotan, deben ser revertidas al Estado para que este las adjudique a los informales.

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