Al mismo tiempo la protesta se mantiene con al menos seis puntos de bloqueos en las regiones sureñas de Ica, Arequipa y Cusco y la norteña de La Libertad, y los dirigentes del movimiento llamaron a intensificar los cierres de caminos.

Según el reporte oficial, no hubo violencia en la operación de retiro de los mineros que se mantenían allí a la espera de que su pedido sea atendido y se diera el primer paso, la aprobación parlamentaria inicial en la Comisión congresal de Energía y Minas.

El grupo de trabajo legislativo, si embargo, rechazó anoche un proyecto de legisadores de izquierda que planteaba reemplazar la ley aprobada años atrás para la formalización de los mineros, lo que lograron solo una pequeña minoría.

El proyecto de ley opositor planteaba prolongar una vez más hasta el término de 2026 el plazo de formalización que, según el reciente decreto, terminará a fin de año, y modificar los procedimientos para que sean más viables.

La complejidad del tema incluye la delincuencia armada en zonas de minería ilegal de las región amazónica de Madre de Dios y andina de Pataz, trata de personas y el uso de sustancias contaminantes en la exploación de oro.

El carácter social del problema fue señalado por uno de los bloqueadores en las afueras de la localidad sureña de Ocoña, al argumentar que expulsar de la actividad a 50 mil impedidos de formalizarse generará millones de desempleados que, directa o indirectamente, dependen de la minería informal,

El viceministro de Energía, Ronald Ibarra, declaró que los 50 mil excluidos no han acreditado su presencia en las zonas de operaciones y solo podrán trabajar 31 mil que iniciaron el proceso de formalización, .

Para congresistas opositores, como Guido Bellido, el problema es esencialmente social, además de que cientos de miles de hectáreas de concesiones mineras son acaparadas por grandes empresas, que solo explotan 2,5 por ciento de esos territorios.

Los mineros informales y aresanales operan en las tierras ociosas de esas concesiones, que pertenecen al Estado, que ha autorizado las operaciones a las grandes empresas mineras.

Bellido criticó al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, por ignorar que esas tierras son del Estado y afirmar que los mineros invaden las propiedades de las empresas formales.

Máximo Franco, líder de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal señaló que el Gobierno debe dejar sin efecto la concesión de tierras no explotadas por las empresas y las adjudiquen a los mineros informales y artesanales.

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