Mediante un decreto ejecutivo emitido este miércoles, el mandatario insiste en que dicho conflicto es ocasionado por grupos armados organizados y dispuso al Centro Nacional de Inteligencia actualizar de forma periódica el listado de esas bandas criminales.
Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador en enero de 2024, sin embargo, la Corte Constitucional, en varias ocasiones, ha rechazado esa situación como una justificación para posteriores declaratorias de estado de excepción.
Por su parte, la Ley de Solidaridad Nacional, impulsada desde el Ejecutivo y aprobada en junio pasado por la Asamblea Nacional (Parlamento), además de establecer los requisitos para declarar la existencia de un conflicto armado interno, provocó polémica por otros artículos.
La normativa incorpora, entre otras, la figura del indulto presidencial diferido para militares y policías y establece prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con el crimen organizado.
Además, la Ley permite a personas naturales y empresas acceder a beneficios tributarios por donaciones destinadas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, como una rebaja de hasta el 30 por ciento del impuesto a la renta .
La Corte Constitucional ha recibido una veintena de demandas contra esa disposición y otras normas catalogadas económico-urgentes por el Gobierno.
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