El propio presidente de la poderosa Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, valoró aspectos positivos del texto rechazado la víspera por el conservador Partido Popular (PP), la extrema derecha de Vox, Junts de Cataluña, BNG de Galicia y el izquierdista Podemos.

Junto a Iberdrola, que tampoco hizo un pronunciamiento vertical, otros gigantes del sector energético como Endesa y EDP, integrados en la asociación Aelec, destacaron que el decreto antiapagones incorporaba iniciativas «necesarias para avanzar en un sistema eléctrico más resiliente, eficiente y preparado para dar servicio a la industria y vivienda que lo requiere».

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, opinó que la negativa a aprobar el texto fue una «gran irresponsabilidad».

Aagesen, al igual que el ministro de Industrias y Turismo, Jordi Hereu, afirmaron que ven posible la aprobación de una iniciativa similar en el mediano plazo.

UNEF, Anpier o Protermosolar, junto con la organización ecologista Greenpeace, lamentaron que una norma técnica no haya sido convalidada por intereses ajenos a su contenido, una opinión refrendada por el sindicado Comisiones Obreras (CCOO).

Otros importantes actores del dominio eléctrico e industrial, se juntaron con varias asociaciones empresariales como APPA Renovables, AEE (eólica) y UNEF (fotovoltaica) advirtieron las consecuencias» de no ratificar el decreto de marras, con afectaciones como la paralización de inversiones que reducen la dependencia energética.

Empero, lo político prevaleció y se impuso la óptica de choque contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por parte del PP y Vox, los condicionamientos de Junts, la ambigüedad del BNG y el deseo de disentir de Podemos.

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