En medio de la crisis de seguridad que sufre esta nación sudamericana, hay 294 casos de homicidios infantiles registrados en los últimos seis meses, mientras que entre enero y junio de 2024 hubo 196.

Los números del Ministerio del Interior divulgados este sábado en la prensa local, revelan que el 80 por ciento de las víctimas menores tenía de 15 a 17 años, específicamente 237 asesinados corresponden a adolescentes en este rango de edad.

Igualmente, los datos indican que la mitad de los casos de muertes infantiles por violencia se reportan en la provincia costera de Guayas, seguida de Los Ríos y Manabí.

Esta situación se enmarca en un escenario aún más complejo, donde los menores están involucrados con el crimen organizado.

Solo este año más de mil 200 adolescentes fueron detenidos por presunta vinculación con bandas criminales y, en 2024, la cifra fue superior a tres mil 500.

La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó el 24 de junio pasado la cuestionada Ley Orgánica de Integridad Pública, que elevó de ocho a 15 años la pena máxima para adolescentes implicados en delitos ligados al crimen organizado.

Esa medida genera preocupación en organizaciones como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que alertó sobre la incorporación de reformas regresivas en el sistema de justicia penal juvenil.

En su declaración, el organismo internacional expresó su preocupación por “el creciente deterioro de la inseguridad y la violencia de las pandillas, el aumento de los homicidios de niños, y el impacto de estos en los derechos de los niños”.

Si bien Unicef acogió con satisfacción la decisión del presidente Daniel Noboa de declarar como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento infantil por parte de bandas criminales, advirtió que las recientes reformas legales amenazan los derechos de los menores.

“No proporcionan una protección adecuada a los niños utilizados o reclutados por el crimen organizado”.

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