La recién electa coordinadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados, expresó que la determinación del presidente estadounidense Donald J. Trump de sacudir el organismo, que controla las finanzas del gobierno puertorriqueño, destituyendo a cinco de sus siete integrantes, también atribuyó su cuota al delegado ante el Congreso federal, Pablo José Hernández.
El comisionado residente en Washington, del tradicionalista Partido Popular Democrático (PPD), mantiene —al igual que González— una postura de conciliación con la política de Trump, lo que impide la búsqueda de una solución a la bancarrota económica de Puerto Rico.
La JSF fue impuesta por Estados Unidos en 2016, durante el mandato de Barack Obama, y desde entonces no ha logrado reencaminar la economía de Puerto Rico ni la recuperación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuyos recursos ahora están en manos de corporaciones privadas de la nación norteña.
Prados refirió en su censura al liderazgo del PNP y del PPD que “tiene su cuota de responsabilidad en lo que supone el cambio de cinco personas en la Junta, que alega que sólo buscan un acuerdo que le aumente de 2 mil millones de dólares a 12 mil millones el pago a bonistas de la deuda de la AEE”.
La dirigente del ecléctico MVC considera que “la movida de Trump responde a bonistas como Golden Tree que tiene 2 mil millones de dólares en ese instrumento”.
A la vez, Prados destacó la pretendida “victimización de esos bonistas alegando que el dinero que gasta la Junta podría estar pagándole a ellos”, después que “por primera vez la jueza de quiebras Laura Taylor Swain dijo que Puerto Rico no puede pagar más de 2 mil millones de dólares de esa deuda”.
“Los nuevos miembros de la JSF serian cinco aliados de los bonistas de AEE, por lo que presionar un acuerdo consensuado con acreedores lo que podría generar un aumento a 40 años del servicio de energía eléctrica”, resumió Prados, quien impulsó una auditoría a la deuda que el organismo fiscal rechazó.
mem/nrm
