Durante la ceremonia militar por los 216 años del Primer Grito de Independencia, celebrada en la Escuela Militar Eloy Alfaro, en Quito, el mandatario cuestionó la decisión de la Corte de suspender de forma provisional artículos de las leyes de Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad Nacional, impulsadas por su gobierno.
“No vamos a permitir que decisiones alejadas de la realidad de la gente derriben las leyes que protegen la paz, la transparencia y la lucha contra el terrorismo y el crimen”, afirmó el goberante ante efectivos de las Fuerzas Armadas.
En ese escenario, resaltó el trabajo de los militares en el combate a las organizaciones del crimen organizado y en otras contingencias, sin embargo, dijo que en otros espacios e instituciones “todavía hay sombras del pasado”.
El jefe de Estado enmarcó su llamado en un discurso patriótico e, incluso, llegó a comparar la gesta del 10 de agosto con la coyuntura política actual.
“Quiero que este 12 de agosto sea un nuevo paso que tomemos como país y caminemos juntos hacia la Corte Constitucional, recordando también las gestas heroicas que hicieron nuestros antecesores”, manifestó.
En la ceremonia castrense, el jefe de Estado aprovechó para promover la consulta popular y referendo que busca realizar a fines de este año.
Las declaraciones se producen en medio de un creciente clima de confrontación institucional en Ecuador, donde gremios sociales y académicos han anunciado contramarchas y pronunciamientos en defensa de la independencia judicial.
En medio del pulso entre Noboa y el tribunal, el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paul Ocaña, hizo un llamado urgente a la sensatez y defendió la actuación del organismo judicial.
“Ni el Gobierno ni la Corte pueden sostener una pugna que termine afectando la institucionalidad del país. Los gremios jurídicos deben convertirse en puentes, no trincheras”, declaró Ocaña en rueda de prensa este viernes.
Igualmente, el Foro por la Democracia —integrado por académicos, juristas y defensores de derechos— manifestó su “respaldo absoluto al rol de la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional en el Ecuador”.
Mediante un comunicado, el Foro advirtió que, aunque el debate sobre el juicio político a jueces es legítimo en democracia, “no podemos ignorar que el contexto, tiempo y forma en la que el gobierno ha lanzado esta propuesta parece más bien un intento de ejercer presión sobre la Corte”.
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