Tras décadas de intentos malogrados, la pieza actualiza la antigua legislación de más de un siglo y es fundamental para la protección de los derechos de las personas y la persecución efectiva de los delitos, según la versión oficial.

Entre sus avances la Presidencia destacó la incorporación de más de 70 nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, la violencia económica, la estafa piramidal, el genocidio, la intermediación financiera no regulada y la instigación al suicidio.

También eleva las penas de prisión hasta 40 años e incluso hasta 60 años en caso de infracciones graves; contempla sanciones a personas jurídicas por negligencia o actos de sus representantes; y órdenes de protección más seguras para víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

El comunicado oficial indica que la nueva ley fortalece la lucha contra la corrupción administrativa al ampliar los plazos de prescripción, endurecer las sanciones e inhabilitar a los responsables para ocupar cargos públicos.

De la misma forma, extiende los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables hasta los 30 años, contados desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.

Sin embargo, no incluye las tres causas para la práctica del aborto sin condiciones penales: cuando representa un riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto o embarazo por violación/incesto.

Fue este uno de los temas que más debate causó en el Congreso en días recientes, hasta que fue finalmente excluido de la legislación.

Decenas de organizaciones sociales, políticas y defensores de los derechos humanos, pidieron la semana pasada a Abinader observar la Ley Orgánica que modifica el Código Penal por considerar que, si bien incorpora nuevos tipos penales, también representa un retroceso democrático. No obstante, el dignatario la firmó en menos de 48 años.

El dignatario admitió que la normativa tiene “cosas por mejorar”, pero que aun así representa un avance en relación con la vigente, con más de un siglo.

“Ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal…», manifestó el jefe de Estado, quien recordó que actual tiene 141 años y, por consiguiente, está «desfasada».

Tras su promulgación, la ley entrará en vigor un año después, es decir, en agosto de 2026, periodo durante el cual podrá ser revisada o ajustada.

De acuerdo con legisladores, este lapso es clave para someter enmiendas, fortalecer artículos y atender debilidades detectadas.

Esta semana organizaciones de izquierda dominicanas se sumaron a una campaña nacional contra el Código Penal por considerar su aplicación un “abuso de poder”.

El Partido Comunista del Trabajo, Movimiento Caamañista, Movimiento Popular Dominicano, Patria Para Todos, Fuerza de la Revolución y el Referente de la Izquierda Dominicana consideraron que la pieza refuerza la impunidad de la corrupción y otros delitos.

Por esa razón, instaron a apoyar los cacerolazos previstos los días 15 y 16 de agosto contra la negación de derechos y el retroceso que significa la ley, según alegan.

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