“No permitiremos que quienes se oponen al trabajo, la seguridad, a la paz, nos tiren abajo leyes aprobadas para derrotar al terrorismo, a la corrupción y a la pobreza”, enfatizó Noboa en eventos públicos la semana pasada para ratificar la convocatoria a la movilización.

Por su parte, el bloque legislativo del movimiento Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, aseguró que realizará “acciones de fiscalización” para evitar que se usen recursos públicos en la manifestación.

“Con un historial de uso de recursos públicos en beneficio del partido de Gobierno, desde la Bancada Ciudadana anunciamos que ejerceremos todas las acciones de fiscalización para impedir que se destinen los bienes de los ecuatorianos a alimentar egos personales”, manifestó la RC en un comunicado.

La organización, fundada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), señaló que la movilización popular en las calles, la defensa de la democracia y los derechos “siempre han nacido de las causas justas”.

Sin embargo, “ninguna de esas razones inspira la convocatoria hecha por el presidente”, señaló la RC.

El mandatario rechazó la decisión de la Corte Constitucional de frenar parcialmente la Ley de Inteligencia, la de Integridad Pública y la de Solidaridad Nacional, que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional (Parlamento), pero enfrentan una veintena de demandas de inconstitucionalidad.

Para Noboa, el hecho de que la Corte haya suspendido parte de esas normativas hasta analizar con profundidad las demandas, se trata de una ofensiva política para frenar su agenda de seguridad y reforma institucional.

En medio del pulso entre Noboa y el tribunal, el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paul Ocaña, hizo un llamado urgente a la sensatez y defendió la actuación del organismo judicial.

“Ni el Gobierno ni la Corte pueden sostener una pugna que termine afectando la institucionalidad del país. Los gremios jurídicos deben convertirse en puentes, no trincheras”, declaró Ocaña en rueda de prensa este viernes.

Igualmente, el Foro por la Democracia —integrado por académicos, juristas y defensores de derechos— manifestó su “respaldo absoluto al rol de la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional en el Ecuador”.

Mediante un comunicado, el Foro advirtió que, aunque el debate sobre el juicio político a jueces es legítimo en democracia, “no podemos ignorar que el contexto, tiempo y forma en la que el gobierno ha lanzado esta propuesta parece más bien un intento de ejercer presión sobre la Corte”.

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