La norma, llamada Ley de Autonomía Fiscal Judicial, garantiza a la judicatura ejercer sus atribuciones económicas conforme a la Constitución, lo que permitirá un funcionamiento más eficiente y una mayor capacidad para resolver casos.

El mandatario filipino rubricó el documento en una ceremonia en el Palacio de Malacañán (sede del Ejecutivo), acompañado por varios secretarios de gabinete, senadores, diputados y magistrados de la Corte Suprema del país.

El texto establece disposiciones claras sobre el alcance de la independencia económica del sector judicial, y lo reconoce como un poder coigual y autónomo, esencial para el equilibrio institucional y la vigencia del Estado de derecho.

Según las autoridades, la aplicación de esta ley incrementará la eficacia del sistema judicial, garantizará una mejor asignación de recursos y contribuirá a consolidar la confianza ciudadana en los tribunales de la nación.

mem/nvo/liz