La Asamblea Legislativa dirimirá el viernes junto a una comisión aprobada antes por ella, si los cargos de la Fiscalía justifican la retirada del derecho a ese fuero que le corresponde a Chaves por su jerarquía, en una sesión sin precedentes ante un mandatario en ejercicio, pues ningún trámite de ese tipo llegó antes tan lejos, añadió Teletica.com.

El Congreso dará similar tratamiento al presidente que a cualquier otro compareciente, aunque “para honrar su investidura”, las sesiones serán en el Salón de Jefes de Estado, explicó a la televisora la presidenta de dicha comisión, Andrea Álvarez.

La instancia sobre el pedido de desafuero contra Chaves, que incluye por la misma acusación al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, decidió que las sesiones sean «tan públicas como sea posible», pero con la opción de permitir una fácil evacuación de la prensa, si alguna de las partes se declara privada.

«Obviamente -señaló Álvarez- si se decretan partes privadas, tengo que sacar a todo el mundo (los periodistas) porque es mi responsabilidad garantizar esa privacidad. Pero en la medida que sea público en términos generales, quiero garantizar que haya ese acceso (de los medios)».

El presidente solo ha confirmado, por el momento –precisó la congresista- su presencia y la de su abogado, José Miguel Villalobos, según un oficio que este remitió al Departamento de Comisiones Legislativas.

Álvarez adelantó que planea abrir un espacio sin límites de tiempo para que el mandatario y el ministro respondan a lo que se les achaca sobre presuntas gestiones para que el publicista Christian Bulgarelli trasladara 32 mil dólares para servicios digitales en beneficio de Chaves.

El Congreso aprobó el 30 de julio la mencionada Comisión Especial para analizar el levantamiento de la inmunidad al presidente Chaves y al ministro Rodríguez.

La instancia parlamentaria, integrada por los diputados Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional; Rocío Alfaro, del Frente Amplio; y Daniel Vargas, por el oficialismo, propondrá al plenario una decisión sobre la anulación del también llamado fuero de improcedibilidad de ambos, según Teletica.com.

Los cargos del Ministerio Público contra los dos gobernantes están vinculados al pago de una alta suma mediante un contrato para una estrategia de comunicación instalada en la Casa Presidencial, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica.

El Poder Judicial trasladó el 28 de julio a la Asamblea Legislativa una resolución de la Corte Plena para el levantamiento del fuero de improcedibilidad (inmunidad) de Chaves y Rodríguez.

La Corte Suprema de Justicia, reunida en Corte Plena, aprobó el 1 de julio trasladar al Congreso la denuncia penal de la fiscalía, que emplaza a ambos por el citado delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal y sancionado con penas de entre dos y ocho años de prisión.

mem/apb