Al hacer el anuncio, la delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se pronunció por devolver a manos públicas la administración del sistema eléctrico, mediante cambios en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dirigidos a especificar los criterios de selección de sus miembros y ampliar la representación de los consumidores.

El secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, encabezó la rueda de prensa con el diputado Denis Márquez Lebrón y la senadora María de Lourdes Santiago, quienes junto a sus respectivas delegaciones sometieron los proyectos de ley 797 en la Cámara de Representantes y 695 en el Senado de Puerto Rico, además de otras figuras, como el economista Edwin Irizarry Mora y el activista Juan Camacho.

La senadora Santiago aclaró que, si bien la legislación no ordena la cancelación de los contratos de LUMA Energy y GeneraPR, sienta las bases para la administración del sistema energético si la Rama Ejecutiva procede con la rescisión de ambos acuerdos de privatización vigentes.

“Los contratos, para ser cancelados, necesitan acción del Ejecutivo. No hay manera de radicar una resolución conjunta en Cámara y Senado y decir que cancelamos el contrato, (pues) corresponde al mismo poder gubernamental que lo firmó”, expuso Santiago.

La documentación para la cancelación del contrato, añadió, “nos parece a nosotros que está ahí, incluyendo en las disposiciones y resoluciones del Negociado de Energía”.

“Los frecuentes apagones y el aumento sin precedentes en la factura de luz son un claro ejemplo del fracaso de LUMA Energy, la privatización y la politización de nuestros servicios esenciales”, dijo Márquez Lebrón al afirmar que la energía debe estar bajo control público.

Los legisladores del PIP consideran que, tras cuatro años de privatización, no se ha logrado resiliencia ante huracanes, los apagones continúan, no se cumplen los planes de mantenimiento y las tarifas siguen en aumento.

Por eso, agregaron junto al senador Adrián González Costa y las diputadas Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, extender el contrato de LUMA por 15 años supondría un coste social adicional de 792 millones de dólares, mientras que el proceso de reconstrucción con fondos federales avanza con lentitud, por lo que el nuevo marco legislativo propone reorganizar la AEE bajo principios de mérito y transparencia.

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