La audiencia del denominado caso Apagón se instaló este jueves en la Corte Nacional de Justicia, donde el fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, sostuvo que una presunta trama de corrupción provocó un perjuicio superior a los 100 millones de dólares al Estado.

La investigación se centra en dos contratos suscritos entre la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC, que debía instalar plantas termoeléctricas con el objetivo de mitigar los apagones de hasta 14 horas que afectaron al país en 2024.

Según la Fiscalía, los contratos ascendieron a 149,1 millones de dólares y fueron adjudicados pese a que la empresa no habría cumplido con los requisitos técnicos y legales exigidos.

Alarcón aseguró que los equipos entregados eran obsoletos, incompletos e incompatibles, por lo que hasta ahora no han aportado generación eléctrica al sistema nacional.

Entre los procesados figuran también el exgerente subrogante de Celec, Fabián Calero Freire; el representante de Progen, Williamson Andrew Scott; y varios funcionarios y técnicos de la empresa pública y de la unidad de negocio Termopichincha.

Durante la diligencia, el fiscal afirmó que técnicos que alertaron sobre posibles irregularidades habrían recibido amenazas.

La audiencia de formulación de cargos continúa esta tarde con la exposición de la Fiscalía y el análisis de las medidas cautelares solicitadas por esa institución.

El caso Apagón si bien involucra a funcionarios del gobierno de Daniel Noboa, quedaron fuera del proceso el actual titular de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien lideró las negociaciones, y la exministra de Ambiente y Energía Inés Manzano, responsable de desembolsar los millonarios anticipos.

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