Uno de los magistrados -quienes no se pronunciaron de forma unánime- escribió que la multa, conocida como restitución de bienes, contra Trump, dos de sus hijos y otros ejecutivos, y su empresa, era «excesiva prohibida por la Octava Enmienda».
En un documento de 323 páginas de opiniones, los jueces dejaron constancia de que estaban profundamente divididos, pues dos de ellos opinaban que se debía ordenar un nuevo juicio y uno que el caso debía desestimarse por completo.
Mientras una mayoría de cuatro jueces optó por la variante de anular la cuantiosa sanción económica sin resolver el fondo del caso. La sanción, como subrayó uno «distaba mucho de ser una aproximación razonable» de la cantidad justificada.
En febrero de 2024, un juez de Nueva York ordenó al entonces candidato a la nominación del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos y a sus coacusados pagar al estado casi 364 millones de dólares en ganancias ilícitas y millones más en intereses de años anteriores, un total que desde entonces se ha disparado a unos 527 millones de dólares.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, que presentó el caso por primera vez en 2022, declaró este jueves que su oficina apelará la decisión ante el tribunal correspondiente.
Además, elogió un aspecto del fallo, que mantuvo vigentes las sanciones que le prohíben ejercer como funcionario o director de cualquier corporación u otra entidad legal en el estado durante tres años, mientras sus hijos, Eric Trump y Donald Trump Jr., fueron inhabilitados durante dos años.
«El tribunal confirmó la medida cautelar que obtuvimos, limitando la capacidad de Donald Trump y los funcionarios de la Organización Trump para operar en Nueva York. No debe pasar desapercibido: otro tribunal ha dictaminado que el presidente violó la ley y que nuestro caso tiene fundamento», advirtió James.
Sin embargo, Trump elogió el veredicto en una publicación en Truth Social, donde proclamó una «VICTORIA TOTAL», pese a su naturaleza limitada.
El presidente escribió que respetaba profundamente que el tribunal «haya tenido la valentía de anular esta decisión», la cual calificó de «ilegal y vergonzosa» que perjudicaba «a las empresas de todo el estado de Nueva York».
Cuando James interpuso el caso, alegó que Trump supervisó un plan para engañar de forma deliberada a las empresas con las que trabajaba sobre el valor de las propiedades y su patrimonio neto.
En tanto los abogados del actual ocupante del Despacho Oval argumentaron que el caso civil tuvo un origen político.
arc/dfm