El cambio se realizó en medio de fuertes medidas de seguridad, al dia siguiente de anunciar el Instituto Nacional Potenciario (INPE) que se había dejado sin efecto su asignación al penal Barbadillo, excusivo para exautoridades para su mayor seguridad.

Minutos antes del traslado, Vizcarra se comunicó con la emisora Radio programas del Perú (RPP) y expresó su indignación por lo que calificó como una nueva medida arbitraria en su contra.

Sostuvo que la junta de calificación del INPE que lo visitó hace dos días le ratificó la decisión de la primera, de que cumpla en el penal de Barbadillo los cinco meses de prisión preventiva que le impuso un juez como precaución ante la posibilidad de una fuga.

Vizcarra añadió que ambas juntas de funcionarios del Inpe le indicaron que, como instancia técnica, le correspondía la citada cárcel y que si el INPE disponía otra cosa, solo podría ser por una decisión política.

Al pedírsele precisiones, solo dijo que el INPE pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y este de la presidenta Dina Boluarte.

El abogado del expresidente, Erwin Siccha, dijo ayer que presentará un habeas corpus para que su cliente sea enviado de vuelta al penal donde permanecen los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Adelantó que alegará que Vizcarra tiene el mismo derecho a permanecer en la cárcel de Barbadillo por ser expresidente como los otros tres reclusos.

La medida ha sido criticada por diversos comentaristas y políticos, según los cuales, es una torpe venganza contraproducente, porque victimiza a Vizcarra y lo favorece políticamente.

El exmandatario es reo en un juicio en el cual es acusado de colusión por haber presuntamente recibido sobornos a cambio de los contratos de construcción de dos obras en la región sureña de Moquegua, años atrás, cuando era gobernador de ese territorio.

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