Así lo informó su abogado, Erwin Siccha, mientras continúan las críticas al traslado del exgobernante del presidio Barbadillo, reservado a expresidentes, al penal Ancón II.

   Vizcarra confirmó, en la red X, la decisión de seguir en la cárcel común cumpliendo los cinco meses de prisión preventiva que le impuso un juez, en el juicio en su contra por la acusación de recibir sobornos cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua.

    “Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar. He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión”, indicó.

   “Seguiré luchando por la recuperación de la democracia y la unión de los peruanos contra el pacto mafioso que nos gobierna”, agregó, en la línea de su defensa legal, que atribuye su situación a circunstancias políticas.

   Siccha reiteró la versión de Vizcarra, de que las dos comisiones técnicas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que lo visitaron tras anularse su asignación, la semana pasada, al penal Barbadillo, le dijeron que debía seguir allí, salvo decisiones políticas contrarias.

   El ex director del INPE  y ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, calificó el traslado carcelario de Vizcarra como “una arbitrariedad y un despropósito” y dijo que la decisión no corresponde a una junta técnica, como afirma el INPE.

   Añadió que, cuando se trata de un expresidente, la decisión es de un nivel superior y lo sucedido con el exmandatario solo se entiende como una decisión política.

   El ex presidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia, Víctor García Toma, dijo que el INPE tomó una extraña decisión al trasladar a Vizcarra, pues desde el internamiento del exgobernante Alberto Fujimori, hace 18 años, los exmandatarios van al penal de Barbadillo, sin clasificación entre penales comunes.

  El director del diario derechista Correo, Ivan Slokovich consideró inconsistente que el INPE pueda haber alegado que Vizcarra debía ir a una cárcel común porque no fue elegido presidente, sino reemplazó al renunciante Pedro Pablo Kuczynski, en 2017.

   El polémico traslado, agregó, “Ha contaminado el proceso judicial contra Vizcarra”, pues le da argumentos para alegar persecución política y el abogado conservador Julio Rodríguez añadió que poner en un presidio común a un expresidente que tiene muchos detractores es ponerlo en un riesgo enorme.

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