Incluyó también a las áreas inundadas desde el pasado 23 de junio en 16 comunidades, mientras en paralelo instauró una comisión que buscará establecer un gran Pacto de Estado para enfrentar el cambio climático.

La ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y el titular del Interior, Fernando Grande Marlaska, señalaron que lo ocurrido en este periodo, con 118 emergencias, 113 de ellas grandes incendios forestales, son la mayor catástrofe de los últimos años.

Marlaska informó asimismo que el Gobierno acordó abrir ya los canales para que los damnificados puedan reclamar ayudas correspondientes por ley.

La determinación general del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez es la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil en 16 de las 17 comunidades autónomas de España.

Abarca a todos los desastres relacionados con el cambio climático en estos tres últimos meses, tanto incendios forestales como inundaciones. La medida comprende bonificaciones para los perjudicados y ayudas en los casos más perentorios.

Todo esto se añade a medidas especiales de asistencia que el Gobierno puede adoptar en casos concretos con un decreto real, enfocado en los puntos más neurálgicos.

Otro de los conceptos de aplicación obligatoria apunta a directrices para los planes de prevención de incendios de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

El ministro del Interior admitió que todavía existe peligro de siniestros sin neutralizar (15) por completo, aunque se mostró esperanzado en poder cerrar la emergencia y que la gente pueda recuperar la normalidad, con ayudas del Gobierno.

Marlaska remarcó que las asistencias se consagrarán a las zonas donde tuvieron lugar la mayor concentración de fuegos este verano, a finales de junio, desde el 9 de julio, y la más reciente oleada coincidiendo con el calor, a partir del 8 de agosto.

El Gobierno desplegó numerosos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, bomberos forestales, aviación, Guardia Civil, Policía Nacional y la colaboración de numerosos países de la Unión Europea.

Aunque será la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, la principal responsable de un Pacto de Estado contra el cambio climático, toda la administración española se dijo presta a emprender esta cruzada.

En particular, el ministro Marlaska resaltó que España se encuentra en «el momento adecuado, preciso», en el sentido de sentarse a «reflexionar de una forma tranquila» todas las partes para avanzar en el Sistema Nacional de Protección Civil.

A su turno, la vocera y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, recalcó que se trata de una prioridad nacional.

«Estamos todos llamados y convocados a trabajar con administraciones, con sociedad civil, con distintos grupos parlamentarios (…), esperamos también que el Partido Popular (PP) tenga la voluntad positiva y constructiva de trabajar sobre este asunto de una manera absolutamente responsable», argumentó Alegría.

La organización ecologista Greenpeace afirmó este martes que ve con preocupación la formulación de propuestas anecdóticas que desvían la atención del verdadero debate de las causas y soluciones al problema. Greenpeace valoró que algunas de las 50 medidas que propone el PP soon relevantes, necesarias y urgentes, varias ya existen y están contempladas en la legislación vigente.

“Si de verdad quiere tener una aportación constructiva, el PP debería llevar sus propuestas al Consejo Nacional del Clima, que es donde debería debatirse el Pacto de Estado propuesto por el presidente del Gobierno”, remarcó.

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