El organismo judicial convocó a una audiencia pública telemática para escuchar criterios sobre las demandas interpuestas contra la disposición por parte de organizaciones de derechos humanos y gremios sindicales.

Entre los accionantes figuran la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil y la Corporación Promoción de la Mujer.

También participan el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y varias federaciones laborales.

Representantes del Gobierno y del Legislativo tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos sobre la norma, que entró en vigor el pasado mes de julio, pero algunos de sus artículos están suspendidos temporalmente.

Este lunes también habrá un plantón en las afueras de la Corte, donde organizaciones sociales expresarán su rechazo a la norma, que según afirman otorga al Estado facultades excesivas de control e inteligencia.

Advierten que esto puede traducirse en restricciones a la libertad de asociación, vigilancia indebida y sanciones arbitrarias.

Para los denunciantes, la Ley de Inteligencia, defendida por el Ejecutivo, viola el derecho a la privacidad y al debido proceso al permitir el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial, y otorga impunidad a los agentes, entre otras vulneraciones.

A inicio de agosto, la Corte Constitucional suspendió varios artículos de esa y otras normativas de interés del Ejecutivo: la Ley de Solidaridad Nacional y la de Integridad Pública.

La semana pasada el tribunal realizó audiencias públicas relacionadas con esas dos leyes, que también recibieron decenas de demandas de inconstitucionalidad.

Para Noboa, la decisión de frenar temporalmente sus iniciativas limita la capacidad de su Gobierno para enfrentar la corrupción y fortalecer políticas de seguridad, por lo cual convocó a una marcha contra la Corte que reunió a miles de personas en Quito el pasado 12 de agosto. En el trayecto de la movilización hubo vallas con los rostros de los jueces acusados de ser responsables de «robar la paz».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó «preocupación» por las presiones y críticas del Gobierno de Noboa a la Corte Constitucional por representar una «amenaza a la independencia» del tribunal que debería ser capaz de operar «sin interferencias» políticas.

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