En redes sociales circulan videos donde se ven los manifestantes en la carretera Babahoyo-Jujan y se escuchan consignas de “no somos delincuentes, somos pacientes” y “queremos vivir”.
Desde hace meses, personas con enfermedades renales reclaman atención ante la inminente suspensión de servicios de hemodiálisis.
El Frente de Pacientes Renales informó el pasado 4 de agosto que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no ha renovado los convenios con las clínicas privadas que prestan este servicio.
El IESS y el Ministerio de Salud Pública tienen una deuda que supera los 300 millones de dólares con las instituciones que ofrecen tratamientos de diálisis a nivel nacional.
“El presidente (Daniel Noboa) es el que más ha viajado y ¿qué hace por la salud? Nada”, cuestionó una de las participantes en la protesta de este lunes, donde había carteles que calificaban al ejecutivo como “indolente”
La semana pasada, familiares y personas con insuficiencia renal realizaron un plantón en las afueras de la Plataforma Gubernamental de Quitumbe, ubicada al sur de Quito, para advertir que las clínicas solamente ofrecerían diálisis hasta finales de agosto por falta de presupuesto.
Gabriela Álvaro, vocera de los enfermos, explicó que cada paciente tendría que gastar mil 456 dólares mensuales para cubrir su tratamiento en el sector privado y muchos no cuentan con esos fondos.
En Ecuador, la crisis de salud se intensifica ante la reducción del presupuesto, mientras enfermos y médicos denuncian la falta de medicamentos e insumos.
El Ejecutivo se negó a declarar oficialmente emergencia en el sector, y para atender la situación creó un Comité Nacional de Salud, colegiado que decidió realizar la comercialización de fármacos de manera centralizada desde octubre.
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